
La votación culminó con ocho sí y 16 no del cuórum presente.
El tema se desarrolló en medio de fuertes debates entre las tres principales fuerzas en esa Cámara Alta, en la que los senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) alegaban que como el Senado es el que elige los miembros de la Cámara de Cuentas, no puede ser juez y parte en torno a designar una comisióninvestigadora.
De su lado, los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo (FP) sostuvieron que el Senado tiene atribuciones en fiscalización y control y debe conformar comisiones para investigar este tipo de casos, según el reglamento senatorial.
“Debemos crear una comisión para que investigue si es verdad o es mentira, si prejuicios, las supuestas denuncias de acoso laboral y sexual, de violaciones administrativas en la Cámara de Cuentas”, expresó el congresista Dionis Sánchez.
El legislador criticó la negativa de crear la comisión y dijo que esto deja mucho que decir. “¿A qué le temen?”, preguntó Sánchez.
En ese sentido, Yván Lorenzo, vocero del bloque de senadores del PLD, citó que el artículo 93 de la Constitución de la República establece la creación de comisiones investigadoras.
De igual forma, mencionó los artículos 254 y 257 de la propia Constitución que indican que la clasificación de las comisiones puede ser de naturaleza legislativa.
A todo esto, la senadora Ginnette Bournigal, del partido de gobierno, respondió que está de acuerdo con lo establecido en los citados artículos de la Constitución, pero que fueron los miembros de la Cámara de Cuentas los que dijeron que en lo adelante se llevarían bien.
“Dejemos que la Cámara de Diputados investigue, para que nosotros no seamos juez y parte, porque en un futuro nos tocará nuevamente elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas”, apuntó Bournigal.
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado se reunieron en el mes de septiembre con dos miembros del pleno de la Cámara de Cuentas y luego trascendió que en la visita no se trató sobre denuncias de acoso sexual ni laboral por parte del presidente de ese órgano constitucional de control externo de los recursos públicos, Janel Andrés Ramírez Sánchez.








