A casi dos años del inicio formal de la precampaña para las elecciones de 2028, el escenario político dominicano muestra una intensidad que contrasta con los plazos establecidos por la normativa electoral. Aunque la ley fija reglas claras sobre el inicio del proselitismo, la actividad de los principales partidos se ha expandido con fuerza en todo el territorio nacional.
En las últimas semanas, organizaciones como el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo han sostenido una agenda constante de encuentros internos, juramentaciones y actos de movilización que mantienen activo el debate político en distintos niveles.
El ambiente dentro del PRM se ha caracterizado por mensajes enfocados en la cohesión interna. En distintos espacios partidarios, la dirección política ha insistido en la necesidad de preservar la unidad frente a las tensiones naturales que comienzan a surgir en torno a aspiraciones futuras, en un contexto donde diferentes figuras empiezan a proyectar su posicionamiento dentro de la organización.
En el PLD, la actividad se ha concentrado en la reorganización de sus estructuras y en la reconfiguración de apoyos internos. Movimientos recientes de dirigentes y la realización de asambleas provinciales han reforzado la presencia del partido en el territorio, mientras su liderazgo histórico continúa impulsando procesos de fortalecimiento institucional.
La Fuerza del Pueblo, por su parte, ha mantenido un ritmo sostenido de incorporación de nuevos miembros y encuentros territoriales. Estas acciones han sido parte de su estrategia de expansión organizativa, con énfasis en la consolidación de su presencia en distintas demarcaciones del país.
En paralelo, el debate público comienza a incorporar con mayor frecuencia referencias al año 2028, incluso fuera de los espacios formales de campaña. Declaraciones de dirigentes y figuras políticas contribuyen a alimentar un clima de anticipación que va configurando el escenario electoral con bastante antelación.
La Ley 33-18 establece que la precampaña electoral no inicia hasta julio de 2027, un marco legal que busca delimitar la competencia política y evitar el proselitismo anticipado. Sin embargo, la práctica política cotidiana muestra una realidad distinta, donde las actividades partidarias han adquirido una intensidad comparable a la de un proceso electoral en curso.
En ese contexto, la Junta Central Electoral ha reiterado que las actividades de promoción política fuera de los plazos establecidos pueden derivar en sanciones. Aun así, los partidos han sostenido que sus encuentros forman parte de procesos internos de organización y no constituyen campaña, amparándose en el derecho a la asociación política.
El resultado es un escenario donde la frontera entre actividad partidaria y proyección electoral se vuelve cada vez más difusa. Aunque el calendario oficial aún no marca el inicio de la contienda, el movimiento político ya refleja una competencia adelantada por el posicionamiento hacia el próximo ciclo electoral.
