SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante octubre de 2026 fueron detenidos 44,414 extranjeros en situación migratoria irregular y deportadas 40,521 personas, como resultado de los operativos de control realizados en distintas regiones de República Dominicana.
Las intervenciones se desarrollaron conjuntamente con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad, e incluyeron inspecciones en áreas agrícolas, establecimientos comerciales y sectores urbanos.
El balance mensual también recoge la revisión de miles de registros de alertas migratorias, la devolución de personas que intentaron ingresar al territorio nacional sin cumplir los requisitos correspondientes y nuevas iniciativas de cooperación institucional.
Cerca de 700 extranjeros detectados en zonas agrícolas
Una parte de las jornadas de supervisión estuvo dirigida a fincas y proyectos agrícolas, donde los agentes verificaron la condición migratoria de trabajadores extranjeros.
Según la DGM, las inspecciones realizadas en localidades como San Francisco de Macorís, Moca y San Juan permitieron detectar cerca de 700 personas en situación migratoria irregular durante octubre.
Las autoridades también extendieron los controles a establecimientos comerciales de las provincias Duarte, Peravia, San Pedro de Macorís y La Romana, así como del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
En el Gran Santo Domingo, las intervenciones abarcaron sectores y zonas como Pantoja, Los Girasoles, Sabana Perdida, Villa Mella, la avenida Ecológica, Independencia, Luperón y el kilómetro 9, entre otros puntos.
Estas inspecciones tuvieron como finalidad verificar tanto la documentación migratoria de las personas presentes como las condiciones de contratación de trabajadores extranjeros.
Depuran más de 56,000 registros de alertas migratorias
Además de los operativos de interdicción, la institución ejecutó una revisión administrativa del sistema de impedimentos de salida y alertas migratorias.
En coordinación con la Procuraduría General de la República, fueron retirados 56,140 registros que, según las autoridades, no cumplían los requisitos legales o habían dejado de tener vigencia por haberse agotado los fines que motivaron su incorporación.
La medida formó parte de las actuaciones orientadas a actualizar la información utilizada en los controles migratorios.
Por otro lado, durante el mismo período se impidió el ingreso al país de 29 personas, quienes fueron devueltas por incumplimiento de los requisitos migratorios o por motivos de seguridad nacional.
Preparan a 300 nuevos aspirantes a agentes migratorios
La DGM también mantuvo durante octubre sus programas de capacitación dirigidos al personal operativo y administrativo.
Entre las iniciativas figura la formación de 300 aspirantes a agentes migratorios, quienes participan en un programa de 16 semanas que comprende preparación física y militar.
La institución indicó que estas acciones buscan mejorar la supervisión de trabajadores extranjeros, los procedimientos de verificación documental y la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.
La capacitación se desarrolla con apoyo de organismos nacionales e internacionales, como parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales.
Acuerdos internacionales y trámites para prospectos de béisbol
En materia de cooperación, Migración informó sobre un acuerdo de intercambio de información con representantes de la Policía y la Armada de Colombia, dirigido a reforzar la seguridad y la gestión migratoria.
Asimismo, sostuvo acercamientos con empresarios vinculados a las Grandes Ligas y representantes del Comisionado Nacional de Béisbol.
Estas conversaciones estuvieron orientadas a facilitar los procedimientos migratorios y la documentación de prospectos extranjeros relacionados con la actividad deportiva.
La DGM señaló que sus actuaciones combinan el control de la permanencia de extranjeros con la modernización de los trámites administrativos y el fortalecimiento de la coordinación con otras instituciones.
La entidad sostuvo que las operaciones deben ejecutarse conforme a la normativa migratoria vigente y bajo criterios de respeto a los derechos humanos.
