El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, expresó su inquietud ante los nuevos rangos de sanciones que establece el proyecto de reforma al Código Penal, actualmente en proceso legislativo. Según explicó, el aumento del mínimo de las penas —que en algunos casos va de 10 a 20 años— podría limitar la capacidad de los jueces para valorar adecuadamente la participación individual de los acusados.
Vargas señaló que esta “inflación del límite inferior de la pena imponible” reduce la posibilidad de aplicar justicia con proporcionalidad, ya que no todos los implicados en un delito participan con la misma gravedad. Argumentó que, aunque no cuestiona los máximos establecidos, sí considera que los jueces necesitan mayor flexibilidad para imponer sanciones ajustadas a cada caso.
La reflexión fue publicada por el magistrado a través de sus redes sociales, donde reiteró que los legisladores deben revisar cuidadosamente estos aspectos antes de aprobar el nuevo cuerpo legal. Su planteamiento se suma a otras voces que piden una reforma penal más equilibrada y funcional para el sistema judicial dominicano.
