SANTO DOMINGO.- Los conflictos por la ocupación irregular de terrenos de la Reforma Agraria serán atendidos mediante un protocolo que reunirá a los ministerios de Justicia y Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y organizaciones campesinas, con el propósito de determinar la situación de los asentamientos afectados y establecer qué actuaciones corresponden en cada caso.
La decisión surgió de una reunión de trabajo encabezada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el titular de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, y el director general del IAD, Darío Castillo Lugo, junto a representantes del sector campesino.
El primer paso será un levantamiento de los terrenos señalados para conocer sus condiciones jurídicas y territoriales y establecer una ruta de intervención. Entre las zonas mencionadas figuran Mogollón, en San Juan de la Maguana; Villa Riva; Montecristi; Monte Plata y Villa Altagracia, además de otros proyectos parcelarios.
La evaluación no partirá de una solución única para todos los casos. Peralta explicó que cada expediente será revisado por separado, debido a que asentamientos con problemas similares pueden presentar circunstancias jurídicas y territoriales diferentes. Las actuaciones, sostuvo, deberán desarrollarse respetando el debido proceso y los derechos de los productores.
Para el Ministerio de Agricultura, el conflicto trasciende la propiedad de los predios. Espaillat planteó que proteger las tierras asignadas a los parceleros también significa proteger la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, debido al papel que desempeñan estos productores dentro de la actividad agropecuaria.
“Estamos siempre abiertos al diálogo para buscar soluciones a los problemas de los productores del país”, expresó Espaillat, al destacar la importancia de los parceleros dentro de la cadena productiva y la necesidad de atender las preocupaciones planteadas por las organizaciones campesinas.
El funcionario agregó que las acciones procurarán que los terrenos mantengan el objetivo para el cual fueron destinados por el Estado: generar producción agrícola y actividad económica en las comunidades rurales.
Las organizaciones campesinas, sin embargo, describieron un escenario más complejo. Sus representantes denunciaron que personas interesadas en apropiarse de terrenos recurren, según afirmaron, a diferentes mecanismos para intentar desplazar a productores de parcelas que han trabajado durante años.
Luciano Robles, presidente de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, y Martín Roberto Familia, representante de la Federación Gregorio Luperón, participaron en la discusión junto a otros dirigentes del movimiento campesino. Los representantes alegaron que en algunos conflictos aparecen personas que se presentan como abogados y supuestos vínculos de civiles, policías y militares que serían utilizados para respaldar esas ocupaciones.
Las organizaciones advirtieron que estos conflictos pueden afectar tanto el patrimonio de los productores como la continuidad de las actividades agrícolas y, en los casos más graves, derivar en enfrentamientos que pongan en peligro la integridad física de las personas involucradas.
Para procesar esos casos será creada una comisión técnica interinstitucional, que tendrá entre sus tareas reunir la documentación disponible, revisar la situación legal y territorial de cada predio y recomendar las medidas que correspondan. También deberá identificar los procedimientos que permitan avanzar hacia la regularización y la titulación definitiva cuando resulte jurídicamente posible.
Los equipos jurídicos de las instituciones involucradas participarán en esa evaluación, mientras las organizaciones campesinas tendrán presencia en el seguimiento de los casos. La intención es que la coordinación permita pasar de denuncias individuales a expedientes documentados y con una ruta de actuación definida.
El protocolo incluirá además mecanismos de seguimiento entre Justicia, Agricultura e IAD, con participación del sector campesino, para atender los casos ya identificados y establecer herramientas que permitan evitar nuevas ocupaciones en terrenos destinados a la Reforma Agraria.
