El presidente Luis Abinader declaró de emergencia nacional las compras y contrataciones relacionadas con la gestión de los residuos sólidos en el Distrito Nacional, mediante el decreto 213-25. La medida, que estará vigente por un máximo de 60 días, autoriza al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) a realizar procesos excepcionales para garantizar la recogida, transporte y disposición final de la basura, a fin de evitar lo que el Gobierno considera una inminente crisis sanitaria.
El decreto establece que estos procedimientos deberán ejecutarse bajo los principios de legalidad y transparencia, y ser gestionados a través del Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones. Además, el cabildo capitalino tendrá que rendir un informe detallado ante la Contraloría General y la Cámara de Cuentas dentro de los 15 días posteriores a la solución del problema, y publicarlo en su portal institucional.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas. El regidor Jorge Feliz Pacheco, del PLD, cuestionó la declaratoria al señalar que “la basura no se barre debajo de un decreto”, y acusó al oficialismo de haber postergado durante años decisiones clave en la gestión de desechos. Aseguró que el Concejo de Regidores fiscalizará de cerca las contrataciones que se realicen al amparo del decreto presidencial.
