La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) manifestó este viernes su rechazo a un proyecto promovido por legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que plantea la suspensión del pago salarial a los docentes que participen en huelgas o paralizaciones de labores.
La organización sindical considera que la iniciativa representa una restricción a derechos reconocidos por la Constitución y las leyes laborales vigentes en el país. Según expuso, el derecho a la huelga forma parte de las garantías establecidas para los trabajadores y no puede ser limitado mediante una disposición que contradiga el marco jurídico existente.
El secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo De La Rosa, sostuvo que el gremio se opone a cualquier medida que busque restringir la capacidad de las organizaciones sindicales de realizar protestas pacíficas en defensa de sus reivindicaciones laborales y educativas.
La entidad precisó que las huelgas no constituyen su primera herramienta de acción y recordó que, en numerosas ocasiones, las jornadas de protesta han surgido como respuesta a compromisos incumplidos o a la falta de atención de demandas planteadas por los docentes y las comunidades educativas.
Asimismo, destacó que actualmente mantiene espacios de diálogo con el Ministerio de Educación de la República Dominicana para abordar los principales desafíos del sistema educativo. Estas conversaciones forman parte de una estrategia impulsada por el ministro Luis Miguel De Camps, orientada a alcanzar acuerdos mediante la concertación y el consenso.
La ADP aseguró que continuará apostando al diálogo como vía principal para resolver conflictos. Sin embargo, advirtió que, si los acuerdos alcanzados no son respetados o las necesidades del sector siguen sin respuesta, el gremio se reserva el derecho de recurrir a mecanismos de protesta contemplados en la legislación dominicana.
El debate surge en medio de las discusiones sobre el alcance de las protestas laborales en el sector educativo y las medidas que podrían adoptarse para garantizar la continuidad de la docencia sin afectar los derechos de los trabajadores.
