El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 84-26, mediante el cual dispuso nuevas designaciones en áreas clave del Estado, como parte de su agenda de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión pública.
A través de la disposición presidencial, Rafael Evaristo Santos Badía fue nombrado ministro de Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Santos Badía se desempeñaba hasta ahora como director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y cuenta con una amplia trayectoria en los ámbitos educativo, legislativo y sindical.
El nuevo titular del Mescyt es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE), técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU y posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la UASD, así como en Relaciones Internacionales por la UTE. Además, ha sido docente, experto en el sector sindical y en el modelo tripartito dominicano.
En su hoja de vida figura su paso por el Congreso Nacional como diputado entre 1990 y 1998, su participación en la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados y su integración al Plan Decenal de Educación. También ha formado parte de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social magisterial. Es autor del libro Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana y ha sido condecorado con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Caballero, entre otros reconocimientos.
El decreto presidencial también designa a Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República. Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con estudios de posgrado en Tributos Internos, una maestría en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y un MBA en Administración de Negocios con concentración en Operaciones por la PUCMM.
Con más de 24 años de experiencia en el sector público, Espinosa Pérez ha participado en la creación y fortalecimiento de sistemas de control interno, gestión financiera y supervisión del gasto público, lo que respalda su designación al frente de la Contraloría General de la República.
La disposición presidencial deja sin efecto decretos y artículos previos relacionados con las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
