GINEBRA.- Después de una década de reuniones y negociaciones sin avances decisivos, 128 Estados partes de la Convención sobre Armas Convencionales acordaron abrir conversaciones formales para establecer límites a las armas autónomas letales, sistemas capaces de seleccionar objetivos y decidir atacarlos sin intervención humana.
El entendimiento se alcanzó durante la noche del sábado 21 de noviembre, al cierre de una semana de reuniones en Ginebra cuya última jornada se extendió durante casi toda la noche. El proceso tendrá un plazo máximo de dos años para avanzar en la elaboración de nuevas reglas, un periodo reducido frente a los tiempos habituales de la diplomacia internacional.
El acuerdo contó con la participación de las cinco potencias nucleares que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pese a las diferencias que habían dificultado el avance de las conversaciones.
El alcance de las futuras regulaciones
Estos sistemas funcionan mediante algoritmos e inteligencia artificial. Aunque los drones representan uno de sus ejemplos más conocidos, no todos operan de manera autónoma y esta tecnología también puede incorporarse a tanques, submarinos y sistemas de defensa aérea o antimisiles.
El presidente de la Conferencia de Examen de la Convención sobre Armas Convencionales, el embajador suizo Julien Thoeni, anunció el consenso y calificó el resultado como «un gran logro en el área del desarme».
Thoeni consideró que el entendimiento demuestra que la diplomacia todavía puede producir resultados concretos en un escenario internacional marcado por profundas divisiones. También destacó que el compromiso alcanzado en Ginebra mantiene abierto el espacio para el diálogo entre los países.
La obligatoriedad, principal punto de desacuerdo
Rusia, Estados Unidos e Israel estuvieron entre los países que más dificultades plantearon durante las sesiones informales y plenarias. El principal punto de fricción fue la posibilidad de que el instrumento jurídico que se pretende desarrollar tenga carácter obligatorio.
Al ser consultado sobre esa diferencia, Thoeni explicó que las próximas negociaciones deberán determinar si las disposiciones serán vinculantes, voluntarias o si combinarán ambos tipos de compromisos.
El embajador señaló que el plazo de dos años representa el mejor resultado posible, luego de que varias delegaciones propusieran extender el proceso hasta cinco años.
Por su parte, la alta representante de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, advirtió que el calendario exigirá «muchas negociaciones en un tiempo comprimido».
Organizaciones civiles expresan reservas
Las organizaciones de la sociedad civil que participaron como observadoras recibieron el acuerdo con sentimientos encontrados. Aunque reconocieron que las diferencias entre los Estados amenazaron con impedir la apertura de las negociaciones, manifestaron su decepción porque el mandato no establece que el objetivo sea necesariamente elaborar un tratado jurídicamente vinculante.
La definición sobre el carácter de las futuras normas quedó, por tanto, entre los asuntos que deberán resolverse durante los próximos dos años.







