SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público acudirá a la Corte de Apelación con una doble pretensión en el proceso por corrupción administrativa contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás procesados: obtener condenas para quienes fueron absueltos y elevar las penas de quienes resultaron condenados en primera instancia.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que las sanciones dictadas por el tribunal no guardan proporción con la dimensión del perjuicio atribuido a los acusados. El proceso está relacionado con una estructura que, según la acusación, distrajo más de RD$5,000 millones del erario.
“Buscamos las condenas de aquellos que fueron absueltos y el aumento de las penas para aquellos que fueron condenados”, afirmó Ortiz, quien explicó que la posición del órgano acusador responde a la necesidad de que las consecuencias penales sean acordes con los hechos atribuidos a cada procesado.
El conocimiento de los recursos, sin embargo, no comenzó como estaba previsto. La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó la audiencia después de recibir una licencia médica correspondiente a uno de los imputados. El tribunal fijó la continuación para el martes 15 de septiembre de 2026, a las 10:00 de la mañana.
Los jueces Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel establecieron además que las audiencias relacionadas con los recursos serán celebradas los martes, en horario de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde. El tribunal comenzará con la presentación de los recursos interpuestos por los acusados.
Ortiz señaló que los fiscales están preparados para sostener su posición ante la corte y consideró que la etapa de apelación podría avanzar con rapidez, debido a que los hechos y las pruebas ya fueron examinados durante el juicio de primera instancia.
La sentencia recurrida fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que condenó a Juan Alexis Medina Sánchez a siete años de prisión. El tribunal lo declaró culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
También fueron condenados José Dolores Santana Carmona a seis años y Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y Paola Mercedes a cinco años. Víctor Matías Encarnación Montero recibió una pena de cinco años, pero su cumplimiento fue suspendido bajo reglas de conducta tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio Público.
Entre las consecuencias económicas de la sentencia figura el pago de RD$500 millones al Estado dominicano por parte de Medina Sánchez, Santana Carmona, Méndez Pineda, Paola Mercedes y Alcántara Batista, además de varias de las empresas involucradas en el proceso.
El tribunal, en cambio, absolvió a 13 personas, entre ellas Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez. Las empresas Cemeraf y Editorama también fueron descargadas.
La acusación del Ministerio Público atribuyó a Medina Sánchez el liderazgo de un entramado que, mediante distintas empresas y contrataciones públicas, habría intervenido en negocios vinculados con medicamentos de alto costo y equipos hospitalarios del Ministerio de Salud Pública, materiales asfálticos del Ministerio de Obras Públicas, compras de EdeEste y suministro de combustible para la Policía Nacional.
En este último caso, el tribunal estableció irregularidades relacionadas con Fuel América y determinó afectaciones en distintas bombas de combustible de la Policía Nacional por un monto superior a los RD$32 millones señalado por el Ministerio Público. La sentencia calificó las anomalías identificadas en ese proceso de compras como “asombrosas”.
La decisión de primera instancia también estableció la existencia de sobornos relacionados con la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y rechazó los planteamientos dirigidos a excluir pruebas presentadas por la acusación, al considerar que su obtención respetó el debido proceso.
Ahora, la discusión se traslada a la Corte de Apelación, donde el Ministerio Público intentará modificar el resultado de primera instancia tanto en los casos de absolución como en el monto de las penas impuestas. El resultado de esta etapa determinará si las condenas se mantienen, se modifican o si algunos de los procesados absueltos enfrentan nuevas consecuencias judiciales.
