De acuerdo a la iniciativa, toda persona que sea ingresada en estado de emergencias a los centros de salud “público o privado” y que no esté afiliada a ninguna empresa prestadora de servicios de salud, será atendida con asistencia médica, asistencia especial, medicamentos, radiografías y cualquier otro procedimiento “sin ningún costo” por las primeras 24 horas, con la finalidad de mantener el paciente estable.
El proyecto legislativo fue presentado por los diputados Agustín Burgos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Magda Rodríguez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
Los costos que genere la asistencia médica indicada anteriormente, serán debitadas a los impuestos que el centro de salud o el médico especialista pague por el concepto de declaración jurada, en caso de ser persona física o reporte de cierres del año fiscal, en caso de ser persona jurídica, como establece el código tributario.
En tanto, al centro que incurra en incumplir la legislación, se sancionará, independientemente de las acciones penales o disposiciones del derecho común que pudiera acarrear esa negativa en que incurra un centro asistencia de recibir o atender a una personal, con una multa económica de 50 salarios mínimos del sector público.
De igual forma, al médico o especialista que viole la ley, se penalizará con la cancelación de la licencia temporal o definitiva del ejercicio. Esta decisión será determinada por el Tribunal Disciplinario del Colegio Médico Dominicano.
La pieza tiene como objetivo crear varios artículos en el título II de la calidad de los servicios de salud de la Ley General de Salud, No. 42-01. La modificación a dicha ley contempla agregar al artículo 102 garantías de servicios médicos (artículo 102-1) y sanción (artículo 102-2).
El secretario de la Cámara de Diputados, Agustín Burgos, al ofrecer declaraciones a periodistas, justificó la necesidad del proyecto de ley, al señalar que la burocracia que impera en los centros médicos privados del país provoca que los pacientes no reciban una atención adecuada y oportuna, lo que podría atentar contra sus vidas.
Explicó que través de un formulario de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) serán registrados los gastos clínicos y honorarios en que incurran con los pacientes atendidos en emergencias.
