La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, ha homologado el acuerdo de criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público en el caso Calamar, que beneficia a dos imputados. La decisión se tomó luego de que Baldemar Andriw Ovalle Sánchez devolviera casi RD$40 millones al Ministerio Público.
El tribunal también levantó el arresto domiciliario que pesaba sobre Alejandro Constanzo, aunque se mantuvieron otras medidas de coerción como la prohibición de salida del país y la presentación periódica.
Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), explicó que la aplicación del criterio de oportunidad se basa en la colaboración de los imputados con la investigación. Este acuerdo, estipulado en el artículo 370, párrafo 6 del Código Procesal Penal, permite ofrecer beneficios a cambio de la admisión de culpabilidad y colaboración en el caso.
Ovalle Sánchez, quien entregó RD$32 millones a la Procuraduría mediante un cheque, está acusado de actuar como prestanombre del senador electo de Azua, Rafael Calderón, en un esquema de expropiación de terrenos y mal manejo de fondos públicos. Además, Peña Hernández, otro de los implicados, ha autorizado el decomiso de RD$1,780,000 que entregó voluntariamente al Estado.
El caso Calamar está en el centro de un escándalo de corrupción que involucra a exministros y otros altos funcionarios del gobierno anterior, con acusaciones de desfalco por más de RD$41 mil millones mediante pagos irregulares y sobornos.
