Hoy marca el final del plazo de 48 horas otorgado por República Dominicana a Haití para poner fin a la construcción de un canal propuesto por sectores haitianos que desviaría el curso del río Masacre. El gobierno dominicano ha advertido que, de no detenerse las obras, tomará medidas drásticas, incluyendo el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas.
A medida que se acerca el vencimiento del ultimátum, se intensifica la tensión en la región. Existe preocupación por el impacto económico que estas medidas tendrán en ambos países, aunque Haití enfrentará las consecuencias con mayor severidad, dado su prolongado sufrimiento a causa de diversas crisis.
El lunes pasado, el Consejo de Seguridad Nacional ya implementó medidas restrictivas, como la suspensión indefinida de la emisión de visas para haitianos y la prohibición de entrada al país para aquellos involucrados en el conflicto. Además, el cierre de la frontera en la región de Dajabón ya estaba en proceso debido a los trabajos de construcción del canal que afectaban directamente esa zona.
El cierre de los cuatro pasos fronterizos tendrá un impacto devastador en cientos de haitianos que dependen del comercio bilateral semanalmente, agravando aún más la difícil situación económica de la empobrecida población haitiana.
Junto con el cierre de las fronteras, República Dominicana planea reactivar la toma de agua del río Dajabón para garantizar el suministro de agua a los productores dominicanos. Además, se impulsará la construcción del proyecto de la presa Don Miguel, considerada una «solución definitiva a largo plazo». El diseño de esta obra comenzó en 2022, y se estima que su construcción llevará al menos 30 meses. La región se encuentra en un momento crítico, con la esperanza de que se resuelva este conflicto de manera pacífica y con un enfoque en el bienestar de ambas naciones vecinas.
