En una diligencia realizada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el Ministerio Público ha presentado una solicitud de medida de coerción contra siete imputados en la Operación Nido. La procuradora fiscal Sourelly Jáquez informó a los medios que el expediente, con más de 400 páginas y cerca de 200 elementos de prueba, incluye testimonios, peritajes y pruebas financieras.
La estructura criminal desmantelada está acusada de llevar a cabo una estafa fraudulenta que supera los 700 millones de pesos, afectando a más de 300 víctimas que buscaban adquirir viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios. La solicitud del Ministerio Público incluye la petición de prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.
Los imputados, entre ellos Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, y María Gabriela Rivera Pichardo, enfrentan cargos de estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos. La mayoría de las víctimas, personas trabajadoras que sacrificaron importantes sumas para adquirir viviendas inexistentes, eran amenazadas e intimidadas al reclamar.
La procuradora Jáquez señaló la gravedad de los hechos, afectando no solo económicamente, sino también en el ámbito psicológico y emocional a las víctimas. Además, reveló que la red criminal utilizaba maniobras fraudulentas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
La investigación y la subsiguiente Operación Nido llevaron a 25 allanamientos en diferentes localidades del país, donde se ocuparon evidencias que demuestran las artimañas utilizadas por la red criminal. La procuradora destacó la importancia de la medida de coerción para evitar la destrucción de pruebas y salvaguardar a las personas estafadas.
