El Acuario Nacional tomó medidas restrictivas de acceso a periodistas después de que se publicara un reportaje de investigación que revelaba irregularidades en la institución. Los reporteros acudieron al Acuario Nacional en busca de reacciones a las denuncias y para conocer el estado de las renovaciones que supuestamente se estaban llevando a cabo en sus instalaciones. Sin embargo, al llegar, se les informó que no había ninguna autoridad competente disponible para recibir al equipo de prensa y que temporalmente se limitaba la entrada de periodistas a las instalaciones.
Posteriormente, se recibió un mensaje a través de WhatsApp en el que se agradecía el interés y preocupación por la institución, pero se argumentaba que debido al proceso de levantamiento y remodelación en curso, no podían ofrecer declaraciones en ese momento. Se mencionó que la comisión encargada había realizado varios levantamientos y que en un futuro cercano se intervendrían algunas áreas de la institución.
El reportaje de investigación que provocó estas restricciones fue realizado por la periodista Nuria Piera y reveló una serie de irregularidades, incluyendo contratos otorgados a familiares y allegados de la directora del Acuario Nacional, Wanda García. Estos contratos, obtenidos a través de licitaciones, presentaban problemas como sobrevaloración en los costos, falta de documentación requerida por la Dirección General de Contrataciones Públicas y la participación de empresas con dudosa reputación y formalidad en las licitaciones. La investigación destacó que las compras y contrataciones públicas seguían siendo una fuente importante de corrupción en la administración pública.
