El Ministerio de Economía de República Dominicana ha identificado cinco desafíos fundamentales que el país debe abordar para lograr un crecimiento más sostenido e inclusivo. En su balance económico preliminar del primer trimestre del año, la institución destacó la necesidad de superar barreras estructurales para transformar el crecimiento económico en una mejora tangible en la calidad de vida.
Educación: El Mayor Desafío
El informe subraya que la transformación del sistema educativo es crucial. Las limitadas habilidades humanas representan una restricción severa que afecta la productividad empresarial, la calidad de los servicios públicos y el desarrollo de instituciones civiles. Se propone una mayor inversión en formación docente, incentivos y supervisión efectiva, así como una revisión continua del currículo educativo.
Reforma Fiscal
El sistema fiscal dominicano es descrito como insuficiente. Para mejorar la calidad y cantidad de los servicios públicos, se requiere una evaluación rigurosa de programas y proyectos, y una expansión de la base tributaria. Se enfatiza la necesidad de incrementar los ingresos fiscales mediante una administración tributaria más robusta y una mayor participación de las pequeñas empresas.
Distribución de Energía
La reforma del sector eléctrico es otro reto significativo. El Gobierno ha presupuestado RD$86,845 millones para este año. Mejorar la gestión de la distribución de energía y alcanzar la sostenibilidad financiera en este sector podría aliviar las finanzas públicas y fomentar un uso más eficiente de la energía.
Código de Trabajo y Ajustes Salariales
A más de tres décadas de su implementación, el Código de Trabajo necesita ser modernizado. Se busca adaptarlo a las nuevas realidades laborales y fortalecer la protección de los trabajadores. La reforma laboral y los mecanismos de ajustes salariales son esenciales para garantizar derechos laborales adecuados.
Seguridad Social
El sistema de seguridad social también requiere reformas para ampliar la cobertura de servicios y medicamentos, reducir el gasto directo de los hogares en salud y aumentar las pensiones. El Estado debe impulsar el primer nivel de atención en salud y mejorar la capacidad regulatoria para garantizar la calidad de los servicios.
