La propuesta de Modernización Fiscal enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado 8 de octubre no prosperó debido a las inconformidades generadas, especialmente por los intentos de eliminar exenciones a sectores como el turístico y aumentar impuestos en bienes y servicios. La reforma proyectaba recaudar más de 122,486 millones de pesos para financiar iniciativas como transporte y seguridad ciudadana. Sin embargo, las resistencias políticas y sectoriales impidieron su aprobación.
Ante este escenario, el Congreso Nacional autorizó al Gobierno a adquirir préstamos por 350,990 millones de pesos para 2025, medida que la bancada del Partido Revolucionario Moderno justificó como una continuidad de la dependencia económica heredada de administraciones anteriores. No obstante, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) advirtió que las medidas contempladas en la fallida reforma no habrían generado una reducción significativa en el ritmo de endeudamiento público.
Mientras el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se mantendría cercano al 3% del PIB, el Gobierno no ha anunciado cuándo retomará la discusión sobre esta reforma crucial. En tanto, la nación sigue enfrentando desafíos económicos que requieren un balance entre ingresos fiscales y sostenibilidad financiera.
