El referendo consultivo, propuesto por el Poder Ejecutivo, no obligará al Congreso Nacional a aprobar la despenalización del aborto en tres causales específicas, sino que servirá para conocer la postura de la sociedad sobre este tema de interés social.
En los últimos años, diversos sectores políticos y sociales han subrayado la necesidad de una ley que permita la celebración de un referendo, ofreciendo a la ciudadanía un mecanismo para definir su postura en temas importantes como la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando el desarrollo del feto sea inviable, o en casos de violación sexual.
El presidente Luis Abinader se unió a esta posición en 2021, y el Poder Ejecutivo presentó una propuesta legislativa para regular el referendo. A pesar de varios intentos fallidos, la ley fue reintroducida en agosto de 2023 y aprobada en principios de 2024, a la espera de un informe favorable para su segunda lectura.
El diputado José Horacio Rodríguez, presidente de la comisión de desarrollo humano, aclaró que el referendo consultivo no impondrá una obligación al Congreso, sino que solo reflejará la opinión pública. En contraste, el referendo constitucional aprobatorio, también contemplado en el proyecto de ley, permitiría la modificación de la Constitución para abordar temas como las tres causales.
Mientras tanto, una comisión especial de la Cámara de Diputados continúa revisando proyectos de reforma del Código Penal, que incluye la despenalización de las tres causales. La comisión tiene hasta el próximo miércoles para presentar sus recomendaciones antes de que finalice la actual legislatura, enfrentando la resistencia de algunos legisladores que no apoyan la despenalización del aborto.
