
En una decisión que se esperaba con expectación, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó medidas de coerción este jueves para los involucrados en la denominada Operación Nido, caso de estafa inmobiliaria que ha causado revuelo en la opinión pública.
La audiencia, inicialmente programada para las 7:00 de la noche, experimentó un retraso significativo, comenzando pasadas las 10:30 de la noche. El principal implicado, Emmanuel Rivera Ledesma, fue enviado a prisión preventiva por un periodo de 18 meses en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres. De manera similar, se impuso la misma medida para Eduardo Rivera Pichardo, hijo del presunto líder de la red.
Para Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, la prisión preventiva de 18 meses fue dictada de acuerdo a sus respectivos géneros, siendo en Najayo-Mujeres para la primera y en Najayo-Hombres para el segundo. María Gabriela Rivera Pichardo, hija de Rivera, recibió arresto domiciliario, grillete electrónico y una garantía económica de tres millones de pesos.
El testigo colaborador del Ministerio Público, Reilin Arismendy Rosario García, quedó bajo arresto domiciliario, presentación periódica y grillete electrónico. Por su parte, la esposa de Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, enfrentará una garantía económica de cinco millones de pesos, grillete electrónico, impedimento de salida del país y arresto domiciliario.
Previo a la emisión de la decisión, numerosos afectados por la presunta red se congregaron en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, exigiendo prisión preventiva para los acusados. La Operación Nido está centrada en la venta múltiple de un mismo inmueble y la ausencia de derechos de propiedad de las estructuras en construcción. Se estima que las víctimas, residentes locales y dominicanos en el extranjero, depositaron importantes sumas para adquirir viviendas inexistentes, según las acusaciones del Ministerio Público.
La fiscal del Ministerio Público, Sourelly Jáquez, expresó satisfacción por la decisión del tribunal, destacando la seriedad de las pruebas presentadas. Asimismo, adelantó que el proceso de interrogatorio involucra a otros cinco vendedores inmobiliarios relacionados con los proyectos promocionados por Rivera Ledesma, y que se ha iniciado la recuperación de bienes inmuebles vinculados a la red.