En República Dominicana, el número de personas en espera de juicio en prisión preventiva ha alcanzado cifras alarmantes, llegando a un total de 15,717 individuos, lo que representa un aumento del 59.54% en comparación con años anteriores. Esta preocupante situación ha generado inquietud entre juristas y catedráticos universitarios, quienes instan a jueces y fiscales a reevaluar el uso abusivo y excesivo de esta medida coercitiva.
Según datos del Nuevo Modelo Penitenciario, en el año 2020 había 5,567 internos preventivos, mientras que en el Modelo Tradicional la cifra ascendía a 10,761. Esta tendencia al alza se ha mantenido, alcanzando los 15,310 presos preventivos en el 2022 y llegando a 15,717 en el 2024, en ambos modelos de prisiones.
Esta situación ha sido calificada como «alarmante» por el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, quien advierte sobre el hacinamiento en las cárceles y el riesgo que representa el abuso de la prisión preventiva como una especie de pena anticipada.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, también ha hecho hincapié en la necesidad de prestar atención al sistema penitenciario del país, señalando que muchos reclusos carecen de atención adecuada para garantizar sus derechos. De acuerdo con un estudio, una gran parte de la población carcelaria presenta problemas de salud, pero lamentablemente, la mitad de ellos no recibe la atención necesaria.
Este panorama refleja la urgencia de abordar las deficiencias en el sistema judicial dominicano y garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes están privados de libertad mientras esperan su juicio.
