
En una contundente acción contra el crimen organizado, más de 38 allanamientos fueron llevados a cabo en diversas provincias del sur del país y en el municipio Santo Domingo Este como parte de la Fase II de la Operación Caimán.
El despliegue, realizado por aire, mar y tierra, contó con la colaboración del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el respaldo del Ministerio de Defensa, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica.
Desde la madrugada de ayer, el Ministerio Público y la DNCD han realizado más de 38 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este, con la participación de 481 miembros de las Fuerzas Armadas y la DNCD, así como más de 40 fiscales.
Un centro de operación estratégicamente ubicado en el sur ha servido como base para coordinar las acciones, equipado con tecnología de punta para combatir las organizaciones criminales transnacionales.
La investigación exhaustiva ha permitido mapear el funcionamiento de estas estructuras del crimen organizado y aplicar modernas técnicas de investigación, resultando en importantes decomisos desde el inicio de la Fase I de la Operación en enero de 2023.
Durante la operación, se han utilizado cuatro aeronaves para realizar despliegues especiales en áreas de difícil acceso, así como cuatro embarcaciones para patrullar el litoral costero de Barahona y Pedernales, incluyendo la Isla Beata.
En el proceso, se han realizado arrestos, incautaciones de armas, dinero y otras evidencias, cuyos detalles serán proporcionados más adelante mientras los equipos continúan procesando los allanamientos y otras diligencias de investigación.
Desde Barahona, nuestro corresponsal Benny Rodríguez informó que al menos siete personas han sido arrestadas como parte de la Fase II de la Operación Caimán. Familiares de los detenidos han expresado preocupación por su situación y exigen acceso a información sobre su paradero.
Esta operación, la más grande realizada en el sur hasta la fecha, es el resultado de meses de investigación del Ministerio Público y la DNCD, con el apoyo estratégico de diversas agencias locales, la DEA y el Comando Sur de EE.UU.