La Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, INC, conocida como Coop-Herrera, se encuentra en el ojo de la tormenta debido a la revelación de una presunta estructura delincuencial que operaba internamente. Según las investigaciones realizadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DIGEPEM), esta organización habría llevado a cabo diversas prácticas fraudulentas con el fin de aparentar un crecimiento y solidez que en realidad no existían.
Uno de los hallazgos más alarmantes es que se habrían simulado inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos con el objetivo de crear una falsa impresión de prosperidad en la cooperativa. Esto habría engañado tanto a los socios como a las autoridades reguladoras.
La investigación también ha revelado que los fondos sustraídos de manera ilícita de los socios superan los 2,500 millones de pesos, y que estos recursos se utilizaron para adquirir lujosos bienes y propiedades.
Siete personas, incluyendo a altos ejecutivos de la cooperativa, han sido detenidas en relación con este caso en lo que se ha denominado la «Operación Búho». Los detenidos son Jorge Eligio Méndez, exadministrador general de la cooperativa; Gabriel Santana Borsilea; Kenia Del Carmen Liriano Pérez; Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez; Simona Borsilea Juan; Jacer Eliazar Mejía Pereyra; y Julio César Minaya. Se ha presentado una solicitud de medidas de coerción contra ellos, la cual será evaluada en una audiencia programada para este lunes.
Según el informe de la investigación, la estructura delictiva estaba estrechamente vinculada al presidente de la cooperativa, quien posteriormente asumió el cargo de administrador general. Bajo su dirección, se habrían nombrado a familiares y personas de confianza en puestos clave, como el consejo de administración, la gerencia de crédito, la gerencia general y la auditoría, lo que le permitía gestionar los fondos de los socios como si fueran de su propiedad.
La solicitud de medidas de coerción también señala que en 2018 se realizó una reestructuración en la organización administrativa de Coop-Herrera, otorgando al administrador general la máxima autoridad dentro de la entidad. Esta transformación coincidió con un supuesto crecimiento significativo en los activos de la cooperativa, lo que en realidad se habría logrado mediante prácticas fraudulentas para ocultar el fraude financiero y continuar atrayendo inversiones.
Además, se menciona que se habría formado una asociación de malhechores entre los imputados Méndez Pérez y Santana Borsilea, quienes aprobaron préstamos sin el respaldo necesario, lo que llevó a la destitución de los directivos del Comité de Crédito de la entidad por negarse a otorgar un crédito sin sustento.
La «Operación Búho» continúa revelando detalles sobre este escandaloso caso de fraude y desfalco en una cooperativa que ha sacudido a la comunidad financiera y a la sociedad en general.
