La Junta Central Electoral (JCE) y los tribunales penales en la República Dominicana están facultados para imponer multas y penas de prisión por infracciones electorales, según lo establecido en la ley 20-23, que regula el régimen electoral. La legislación contempla sanciones tanto a nivel administrativo como penal, especialmente en casos de mal uso de fondos públicos durante las campañas electorales.
La proclama emitida por el Pleno de la JCE oficializa la campaña para las elecciones municipales del 18 de febrero de 2024, dando inicio a una fase que impone deberes y prohibiciones a partidos, militantes, candidatos y votantes en general.
Recientemente, se han reportado denuncias de presuntas violaciones legales durante la campaña electoral, incluyendo el uso indebido de recursos y bienes públicos. La JCE, como entidad rectora de los procesos electorales, tiene la autoridad para dictar medidas cautelares en respuesta a estas denuncias.
La ley electoral otorga a la JCE la potestad de imponer sanciones monetarias por faltas administrativas, pudiendo llegar hasta 200 salarios mínimos. Estas sanciones incluyen el uso de bienes y recursos públicos por parte de candidatos que mantienen una relación estatutaria con la administración.
En el ámbito penal, la ley establece penas de uno a tres años de prisión para funcionarios que utilicen fondos públicos en beneficio de alguna organización política. También se aplican penas similares para representantes de organizaciones políticas o personas que se apropien indebidamente de recursos partidarios, desviándolos de su uso legal.
Las restricciones legales se extienden a militares y policías, a quienes se les prohíbe ejercer proselitismo político y el derecho al sufragio. La ley también prohíbe actos como la aglomeración de tropas y ostentación de Fuerzas Armadas durante el día de la elección.
La JCE ha establecido medidas específicas, como la prohibición de inauguración de obras públicas por parte del gobierno central y alcaldías durante ciertos períodos previos a las elecciones. Se imponen sanciones administrativas por otros actos ilegales, como la promoción de candidatos en actos públicos realizados por entidades estatales.
La ley también sanciona el exceso del tope de gastos de campaña, imponiendo multas equivalentes al triple del monto excedido. En resumen, la legislación busca garantizar la transparencia y legalidad en los procesos electorales, protegiendo el uso adecuado de fondos y recursos públicos durante las campañas.
