Legisladores republicanos en más de 20 estados de EE.UU. han intensificado su campaña contra las políticas de santuario, buscando castigar a funcionarios locales que limiten la cooperación con las autoridades de inmigración. En estados como Georgia y Luisiana, se han aprobado leyes que permiten demandar a gobiernos locales y multar a funcionarios que no cumplan con las disposiciones migratorias. En Wyoming y Tennessee, las sanciones van más allá, incluyendo penas de cárcel de hasta diez años y multas de hasta 20,000 dólares.
El gobierno federal también ha tomado acciones legales en línea con estas iniciativas. La administración de Donald Trump ha demandado a estados y ciudades como Illinois y Chicago, alegando que sus políticas de refugio violan la ley federal. En Dakota del Sur y Florida, las nuevas legislaciones buscan reforzar la cooperación con ICE y eliminar restricciones que impidan la detención prolongada de inmigrantes sin estatus legal.
Mientras tanto, opositores y defensores de los inmigrantes han expresado su preocupación, argumentando que estas leyes podrían generar miedo en comunidades vulnerables y afectar la seguridad pública. Organizaciones de derechos civiles y abogados de inmigración advierten que estas medidas no abordan los problemas de fondo y podrían ser impugnadas en los tribunales.
