En una medida que marca un hito en el sistema de transporte público dominicano, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) ha culminado su proceso de transición para convertirse en una empresa pública. Esta transformación, que se estableció en la Ley 63-17 hace seis años, finalmente se hizo realidad tras la emisión del Decreto 167-23 por el presidente Luis Abinader a principios de este año.
Esta semana, se dio un paso crucial al conformar oficialmente el Consejo de Administración de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, que retiene sus siglas como OMSA. Esta nueva etapa marca el comienzo de una serie de reformas en el sistema de transporte público.
Con este cambio, la OMSA evoluciona de ser una institución pública a una empresa pública con una visión comercial. A pesar de este giro, sigue siendo patrimonio del Estado dominicano, que conserva el 99.9% de sus acciones en la empresa.
La OMSA ahora cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y la capacidad de asumir compromisos comerciales y contractuales siguiendo sus propios procesos de dirección y control. Esta transición la equipara a entidades como el Banreservas y las Edes, que son empresas públicas que operan bajo el criterio establecido en el Decreto 167-23.
Al plantearse si la OMSA podría aumentar las tarifas en el futuro o tomar decisiones que impacten en los usuarios, el abogado Rafael Dickson aclaró que, al buscar la rentabilidad, dichos cambios podrían producirse siempre que estén destinados a mejorar la calidad del servicio y cuenten con la aprobación del Consejo de Administración. Este consejo está compuesto en su totalidad por altos funcionarios de ministerios relacionados y es el órgano de gobierno superior de la empresa.
De hecho, el artículo 10 del mencionado decreto otorga a la Operadora Metropolitana la facultad de «establecer tarifas justas y accesibles para los usuarios, en coordinación con las autoridades competentes».
El Consejo de Administración se compone de figuras destacadas como el ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien preside el consejo, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascension. El director actual de la OMSA se convierte en el vicepresidente ejecutivo, Radhamés González, y asume el rol de administrador general de la nueva empresa pública. Si bien tiene voz en el consejo, no tiene derecho a voto. El consejo se encargará de garantizar el cumplimiento de las leyes y podrá aprobar y modificar los estatutos sociales, el plan estratégico y el presupuesto. También tendrá la responsabilidad de aprobar la política de inversiones, el uso de los fondos y la política salarial de los altos cargos, previa autorización del administrador general.
En cuanto al administrador general, este será el representante de la OMSA y firmará contratos con la autorización previa del consejo. Además, estará a cargo de la operatividad de la empresa.
Además de recibir financiamiento del Estado, la nueva OMSA podrá financiarse mediante los ingresos generados por la prestación de sus servicios, fondos y financiamientos provenientes de organismos internacionales, así como ingresos derivados de la explotación de sus activos y derechos.
