El reciente caso de un niño de un año agredido con 16 mordidas por otros menores en el Centro de Atención a la Primera Infancia (Caipi) de Arroyo Hondo, Santiago, ha despertado la indignación pública. La institución tomó medidas administrativas desvinculando a la directora y varias maestras, pero hasta el momento, no se han presentado cargos judiciales. La madre del menor agredido denuncia que la Fiscalía no ha podido proceder legalmente contra la entidad debido a la desvinculación del personal.
Este incidente recuerda la tragedia ocurrida en septiembre de 2022 en el Caipi Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís, cuando el niño Maikel Esmil Castro Álvarez, de un año y 10 meses, falleció ahogado en una cubeta de agua. A pesar de la detención inicial de cinco personas, todas fueron puestas en libertad sin responsabilidad penal tras un acuerdo judicial.
Ambos casos reflejan una preocupante falta de consecuencias legales ante hechos graves en los centros Caipi. Mientras las familias afectadas exigen justicia, las autoridades parecen limitarse a sanciones administrativas sin garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse.
