El intento más reciente del gobierno de Luis Abinader por aplicar impuestos a los servicios digitales prestados por proveedores extranjeros fue revocado poco después de su anuncio. El decreto 30-25, emitido en enero de 2025, establecía el cobro del ITBIS a plataformas como Netflix, Spotify, Uber y Airbnb, entre otras. Sin embargo, el mismo día de su publicación, la Presidencia informó su derogación.
Este no ha sido el único intento fallido. En 2024, el gobierno incluyó en su propuesta de reforma fiscal la imposición de impuestos a plataformas digitales, pero tuvo que retirar la medida ante la falta de apoyo político. Previamente, en 2022, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aclaró que estos servicios no estaban exentos del ITBIS, pero los planes de regulación se disolvieron ante la falta de consenso.
A pesar de estos fracasos, el Gobierno ha insistido en la necesidad de adaptar el sistema tributario a la economía digital, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE. Sin embargo, la oposición política y las dificultades en la implementación han impedido que estas medidas se materialicen.
