El representante de las familias de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Quiroz, denunció que, a pesar de la emisión del reglamento de la Ley 34-23, el gobierno no ha dado pasos concretos para su implementación. Falta de recursos, programas especializados y coordinación interinstitucional son las principales deficiencias señaladas. Además, hizo un llamado directo a la vicepresidenta Raquel Peña para que asuma un rol protagónico en garantizar el cumplimiento de la normativa.
La ley establece acciones clave a cargo de instituciones como el CONADIS, el Ministerio de Salud Pública, y el MINERD, enfocadas en diagnóstico temprano, acceso a la educación y oportunidades laborales para personas con TEA. Sin embargo, las familias denuncian que la falta de compromiso ha dejado a miles sin acceso a los servicios prometidos. Quiroz instó a que este 2025 marque el inicio de un cambio real hacia un sistema inclusivo y justo para quienes viven con esta condición.
