A casi un año de la trágica explosión ocurrida en el mercadito de San Cristóbal, que dejó más de 50 muertos, familiares de las víctimas alzan su voz para exigir una investigación más profunda que identifique a los verdaderos responsables del hecho. Alegan que el propietario de la empresa Fábrica de Plásticos Vidal ha sido utilizado como chivo expiatorio, a pesar de que la empresa había sido desalojada cinco meses antes del incidente, según documentación del propio Ayuntamiento local.
Los dolientes sostienen que la tragedia ocurrió pocos días después de que una compañía privada iniciara trabajos de limpieza en las inmediaciones del lugar afectado, y apuntan a la posible responsabilidad de autoridades locales y del Ministerio de Obras Públicas. El abogado Roberto Faxas Sánchez, representante legal de varias familias y exfiscal de San Cristóbal, ha reiterado que las pruebas técnicas descartan que el siniestro se originara en la fábrica señalada.
Ante la falta de avances en el caso y la ausencia de respuestas claras del gobierno, las familias anuncian una serie de acciones pacíficas, incluyendo una caminata este sábado 17, para demandar que se reabra el expediente, se investigue a profundidad a todas las partes implicadas y se haga justicia. Aún hay al menos 12 personas desaparecidas, lo que mantiene el dolor y la incertidumbre en las comunidades afectadas.
