Entre 2020 y 2024 el Estado dominicano dejó de percibir RD$3,854.6 millones en impuestos por vehículos importados con exoneración total, mientras el sacrificio tributario global por todas las exenciones sobrepasó RD$19,236 millones para 30,664 unidades. La cifra representa casi el doble del monto observado en el periodo 2013-2020 y confirma la tendencia ascendente del uso de estos incentivos.
Los mayores beneficiarios en los últimos cuatro años fueron los miembros del Congreso Nacional, a quienes se les aprobaron exenciones por RD$2,195 millones. A ellos se sumaron concesionarios privados (RD$681.1 millones), servidores del sistema de justicia y del Tribunal Constitucional (RD$503.2 millones) y organizaciones religiosas (RD$294.7 millones). Economistas advierten que el esquema actual profundiza la inequidad fiscal, permite el uso personal de bienes importados con fines institucionales y crea un “agujero” difícil de cerrar sin una reforma integral que unifique criterios y establezca controles efectivos.
El Ministerio de Hacienda informó que diseña una metodología para medir el impacto real de cada exoneración y detectar distorsiones, mientras proyecta que en 2025 el gasto tributario por importación de vehículos podría alcanzar RD$9,192 millones (2.4 % del gasto tributario total estimado). Especialistas insisten en que, sin una autoridad independiente de investigación fiscal y un régimen de sanciones efectivo, seguirá en aumento el costo de favorecer a grupos privilegiados a costa del erario.
