El diputado Alexis Jiménez anunció que los sectores sociales interesados en presentar observaciones a los proyectos del Código Penal podrán hacerlo el próximo lunes en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa busca seguir las directrices del presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, quien ha llamado a “abrir el Código Penal a todas las personas”.
Jiménez, presidente de la comisión especial encargada de estudiar los tres proyectos en el Congreso Nacional, destacó la importancia de socializar las propuestas del nuevo marco penal. Indicó que la audiencia pública está abierta a toda la ciudadanía, permitiendo la participación de todos los interesados.
Además, Jiménez resaltó que los voceros de las bancadas políticas de la cámara baja estarán presentes en la audiencia pública, programada para el 15 de julio a las 2:00 de la tarde en el salón Tolentino Hugo Dipp. Este diálogo se llevará a cabo mientras el calendario legislativo avanza, con solo 13 días restantes para que culmine la actual legislatura el 25 de julio.
La comisión especial designada por Pacheco, compuesta por 19 miembros que representan a las diversas organizaciones políticas del hemiciclo, tiene un plazo fijo de seis días para rendir un informe sobre los tres proyectos de reforma al Código Penal. Entre los legisladores seleccionados se encuentran Fiordalisa Peguero, Rosa Gilda Genao, Isabel de la Cruz, Gustavo Sánchez, Servia Iris Familia, Rafaela Alburquerque, Sadoki Duarte, Ramón Bueno, Soraya Suárez, Jesús Sánchez y Aníbal Díaz, entre otros.
Pacheco aclaró que todos los representantes podrán participar en la mesa de trabajo donde se discutirá la pieza, sin ningún impedimento, y que cada diputado tiene el derecho de participar y exponer sus criterios en las reuniones. Las iniciativas enviadas a esta comisión incluyen las propuestas de las diputadas Magda Rodríguez, Rafaela Alburquerque y el senador de La Vega, Rogelio Genao, aprobadas en el Senado y en primera lectura por los diputados.
Las principales disidencias con relación a estos proyectos giran en torno a la interrupción del embarazo en casos donde la vida de la madre o el feto están en peligro o si es producto de una violación sexual.
