Un total de 18 personas, incluido un exfiscalizador, han sido formalmente acusados por el Ministerio Público de formar parte de una red de corrupción dentro de la Fiscalía del Distrito Nacional. Esta red, a cambio de sobornos, logró borrar o adulterar alrededor de 17,000 fichas de personas con antecedentes criminales.
El juicio preliminar contra el grupo, liderado por Luis Peña Cedeño, exfiscalizador en la Fiscalía del Distrito Nacional, está programado para comenzar el próximo 20 de agosto, según la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción, Yanibet Rivas.
Se alega que la red utilizó la compañía Nexcom Technology, vinculada al exmiembro de la Policía Luis Alfredo Astacio Polanco, para la eliminación o adulteración de las fichas criminales, permitiendo así la movilización de más de RD$12 millones.
Además de Peña Cedeño y Astacio Polanco, los acusados incluyen a Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Morbán Santana, Ashley Darleni Morbán Reyes, Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Irene Medina Trinidad, Romanqui Alexander Dotel, Yokaira Elizabeth Carmona, José Ramón Quezada Carmona, Antony Vicente Ferrer Monegro, Victor Gilberto Mercedes Gómez, Dilcia Argentina Núñez Santos, Katherine Franchesca Astacio Polanco, Jancely Estela Arias López, Domingo Julio Santana Sánchez y la empresa Nexcom Technology.
El Ministerio Público ha solicitado al tribunal que se admitan todas las pruebas presentadas contra los imputados, mantener la confidencialidad de los datos y registros de ciudadanos con antecedentes penales, y enviar a todos a juicio de fondo. También se ha solicitado mantener las medidas de coerción impuestas a los acusados desde agosto de 2023, cuando se detectaron los hechos mediante la llamada Operación Gavilán.
Entre los acusados, el expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco ha admitido su culpabilidad en los hechos imputados.
La Operación Gavilán, que destapó esta red de corrupción, ha puesto de manifiesto las graves fallas dentro del sistema judicial y policial de la República Dominicana. La lucha contra la corrupción y la impunidad sigue siendo una prioridad para las autoridades dominicanas, que buscan restaurar la confianza en las instituciones del país.
