Justicia

Designan a Jueza Ana Lee Florimón para Supervisar Investigación contra José Ramón Peralta

La jueza Ana Lee Florimón ha sido seleccionada para supervisar la etapa de preparación del proceso que involucra al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, en relación con el caso Calamar. Esta designación fue realizada por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, quien ha instruido notificar a la magistrada designada y a la secretaria del Segundo Juzgado de la Instrucción.

La jueza Ana Lee Florimón ocupa el cargo de titular del Segundo Juzgado de Paz Municipal del Distrito Nacional y es una suplente recurrente en los juzgados de instrucción. Reemplazará a la jueza Patricia Padilla del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en esta tarea.

La decisión de designación se produce después de que la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, actuando en Cámara de Consejo, aceptara una recusación presentada contra Patricia Padilla. La recusación alegaba una presunta violación de los derechos del imputado en el caso de corrupción administrativa conocido como operación Calamar.

José Ramón Peralta se encuentra detenido en la cárcel Najayo desde el 4 de abril, después de que la jueza del juzgado de Atención Permanente, Kenya Romero, ordenara la prisión preventiva en su contra, junto con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros implicados, incluido Gonzalo Castillo, que está bajo arresto domiciliario.

La Corte de Apelación determinó que la recusación presentada contra la jueza Patricia Padilla tenía fundamentos sólidos. Se señaló que la jueza había actuado con excesiva discreción al interrumpir el plazo para la revisión obligatoria de la medida de coerción del imputado. Además, se argumentó que la jueza había desobedecido la vista pública previamente programada para emitir una decisión judicial en Cámara de Consejo, lo que infringía los principios de oralidad, publicidad y contradicción, así como el derecho de defensa y las garantías de un juicio justo, tal como lo establece la Constitución de la República y las leyes procesales vigentes.

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