En República Dominicana, la problemática del tráfico vehicular alcanza niveles alarmantes, revelando una discrepancia preocupante entre las multas de tránsito registradas y las licencias de conducir expedidas. Datos recopilados muestran que hay más de 2,731,477 personas con multas pendientes, superando significativamente los 2,695,150 conductores legalmente habilitados en todo el país. Este desfase pone de relieve la falta de regulaciones efectivas y políticas públicas adecuadas para abordar esta crisis.
El Ministerio Público ha reportado que estas infracciones impagas representan una pérdida económica considerable para el Estado dominicano, alcanzando la asombrosa cifra de RD$8,525,369,781, equivalente a más de 144 millones de dólares. Esta suma, que podría haber financiado grandes proyectos de infraestructura, se acumula debido a la falta de pago por parte de una gran cantidad de conductores que desafían las normativas de tránsito vigentes.
La situación se complica con el crecimiento exponencial de las multas desde la implementación de la Ley No. 63-17, destacando el año 2024 como el segundo con más infracciones registradas en la historia del país. Con propuestas recientes para aumentar las penalizaciones, se busca modificar esta ley para reflejar el costo real de las infracciones viales, comparativamente más bajos en República Dominicana en relación con otros países latinoamericanos.
