Santo Domingo, República Dominicana – La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió una decisión este jueves que resulta en la liberación inmediata del ciudadano cubano Julio César Llorente López, quien había sido detenido tras agredir a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) el pasado 9 de agosto.
La resolución de los jueces se basa en la consideración de que la detención de Julio César Llorente López fue realizada de manera ilegal por los miembros de la Digesett, quienes proporcionaron versiones contradictorias de los eventos al Ministerio Público encargado del caso.
El incidente que llevó al arresto del ciudadano cubano ocurrió el 9 de agosto, cuando fue multado por un agente de tránsito de Digesett por hablar por teléfono mientras conducía. Sin embargo, su detención se llevó a cabo al día siguiente, el 10 de agosto.
El juez Rigoberto Rosario Sena, el 16 de agosto, impuso una medida de prisión preventiva de tres meses a Julio César Llorente López. Esta medida, según algunos, excedía significativamente la pena mínima posible para el delito cometido, que conlleva una condena de seis días de reclusión.
En ese momento, el juez argumentó que la acción del ciudadano cubano se consideraba una ofensa al Estado, ya que involucraba a un agente de tránsito, y también expresó preocupación por la posibilidad de fuga.
Durante su tiempo en prisión, que se extendió durante 29 días, Julio César Llorente López estuvo recluido en la cárcel de Najayo en una «zona de control» por razones de seguridad, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC). Sin embargo, su esposa denunció que se encontraba en una celda de máxima seguridad y que no había podido visitarlo desde el 16 de agosto.
La Corte de Apelación, aunque reconoció la falta cometida por Llorente López, determinó que su detención fue ilegal, ya que no ocurrió en flagrancia delictiva como afirmaron los agentes de la Digesett. Recordaron que la ley permite la detención por parte de ciudadanos cuando se comete un delito en flagrante delito y, cuando no es el caso, se requiere una orden judicial. En el caso de Llorente López, su detención se produjo un día después del incidente.
La decisión de la Corte de Apelación resulta en la liberación inmediata de Julio César Llorente López, aunque el caso continúa en proceso en los tribunales.
