El Colegio Dominicano de Periodistas, el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica (Codue), el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y el jurista Cándido Simón han expresado su rechazo a la Ley 1-24, que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), argumentando que contiene disposiciones que vulneran la Constitución.
El presidente del CDP, Aurelio Henríquez, sostiene que la ley viola la Carta Magna al obligar a los ciudadanos a proporcionar información requerida por la DNI que pueda afectar la seguridad nacional. Destacó que los periodistas, protegidos por el artículo 49 de la Constitución, tienen derecho a reservar fuentes informativas.
El jurista Cándido Simón advierte que la nueva ley reinstaura el estado policial, rompe el secreto profesional y permite la vigilancia sin orden judicial. Criticó que la normativa obliga a empresas a proveer información, afectando derechos como la reserva de la fuente y la privacidad de datos personales.
El Codue plantea que la legislación limita y vulnera derechos fundamentales como la libertad, la privacidad y el secreto profesional. El presidente del Codue, pastor Feliciano Lacen Custodio, lamenta que esta ley surja después de avances constitucionales y legislativos en los últimos 12 años.
El Falpo exige la modificación de la ley, señalando que otorga nuevas competencias al organismo de inteligencia que coartan libertades individuales y critica artículos que podrían afectar la libertad de prensa y el secreto profesional.
Estas críticas se suman a otras expresadas por la Asociación Dominicana de Diarios, líderes religiosos y la Fundación Institucionalidad y Justicia, generando preocupación sobre posibles violaciones a derechos fundamentales.
