El Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado en octubre el envío de una misión multinacional encabezada por Kenia para respaldar a la policía haitiana, que se encuentra desbordada. Sin embargo, la Alta Corte de Nairobi emitió una orden provisional en respuesta a una demanda presentada por el líder opositor Ekuro Aukot, quien argumentó que el envío de policías carece de respaldo legal y es inconstitucional.
El juez Enock Mwita de la Alta Corte declaró que este asunto sería considerado en una audiencia abierta a partir del 9 de noviembre. Ekuro Aukot expresó su satisfacción con la orden judicial y señaló que esto detiene el envío de la fuerza policial hasta que se resuelva el caso. Los detalles del envío de la fuerza policial a Haití aún no se han definido y requieren la aprobación del Parlamento, que el gobierno envió a ratificación legislativa el 13 de octubre.
Esta participación de Kenia ha generado críticas locales debido a preocupaciones sobre la seguridad, ya que la policía de Kenia ha sido acusada de utilizar la fuerza letal contra civiles. Organizaciones de derechos humanos han advertido que sería un riesgo inaceptable en Haití, donde intervenciones extranjeras previas han resultado en abusos. A pesar de estas críticas, Kenia se considera una fuerza democrática en el Este de África y ha participado en misiones de paz en la región.
Haití, el país más empobrecido de América, enfrenta años de turbulencia con pandillas armadas que operan en gran parte del territorio, lo que ha llevado al colapso de su economía y sistema de salud público. Un informe de la ONU publicado el lunes señaló un aumento en la violencia, incluyendo «matanzas indiscriminadas, secuestros, violaciones y ataques en barrios urbanos que solían considerarse relativamente seguros».
