La Junta Central Electoral (JCE) emitió la resolución 13-2024, estableciendo el procedimiento para el registro de nacimientos de hijos de extranjeros en República Dominicana, en el marco del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Sin embargo, esta decisión ha generado críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.
La resolución ha sido objeto de cuestionamientos, especialmente por parte de la Sociedad Civil, que pide un análisis exhaustivo de sus implicaciones. Según declaraciones de Pelegrín Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), esta resolución, que afecta al «Grupo B del Plan Nacional de Regularización», solo aplica a un reducido número de personas, aproximadamente 6,800, de las cuales la mayoría no califica para la naturalización.
La resolución establece que los expedientes del Plan Nacional de Regularización deben ser trabajados conforme a la Ley Núm. 169-14 y acompañados de ciertos documentos, como el decreto de naturalización emitido por el Poder Ejecutivo y el certificado correspondiente emitido por el Ministerio de Interior y Policía.
Además, se establecen requisitos específicos para la presentación de solicitudes, que deben ser depositadas en un sobre sellado según el protocolo establecido por el Ministerio de Interior y Policía.
La resolución también suspende provisionalmente la expedición de registros de nacimiento para personas inscritas en el libro de extranjería o registro especial, manteniendo la validez del registro generado mediante la transcripción correspondiente.
Este paso de la JCE ha generado un debate público sobre los procedimientos de regularización de extranjeros y la importancia de garantizar la transparencia y legalidad en estos procesos.
