A medida que se acercan los 10 días desde que el Gobierno dominicano decretó el cierre total de las fronteras con Haití debido al conflicto generado por la construcción de un canal en el lado haitiano para tomar agua del río Masacre, funcionarios y empresarios respaldan la continuidad de esta medida, a pesar de las repercusiones en el comercio fronterizo.
El cierre fronterizo ha generado un promedio de 156 millones de pesos diarios en pérdidas hasta agosto de este año para quienes dependen del mercado binacional. A pesar de esto, figuras como el alcalde de la provincia de Dajabón, Santiago Riverón, consideran que la seguridad nacional y el diálogo entre las autoridades de ambos países deben ser prioritarios antes de considerar la reapertura del mercado binacional.
Riverón enfatizó que la reapertura de la frontera mientras Haití continúe con la construcción del canal sería una señal de debilidad para la República Dominicana y que el Gobierno debería apoyar a los comerciantes locales comprando sus productos y estableciendo medidas de apoyo.
El sector empresarial también respalda el cierre fronterizo, argumentando que la situación ha escalado a una cuestión de defensa de la soberanía y seguridad nacional. César Dargam, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), ha destacado la importancia de seguir consultando con las autoridades pertinentes para identificar medidas que mitiguen los efectos del cierre en el comercio y la industria.
A pesar del respaldo, economistas como Franklin Vásquez y Antonio Ciriaco Cruz consideran que el cierre fronterizo no puede perdurar indefinidamente y que se debe buscar alternativas para los productores y comerciantes dominicanos. Vásquez sugiere la creación de una mesa de diálogo para encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Ciriaco Cruz advierte que, a largo plazo, el cierre fronterizo será perjudicial para ambas naciones, ya que afectará las exportaciones dominicanas a Haití, que es su segundo socio comercial. El economista estima que el cierre fronterizo implica una paralización de alrededor de 40 millones de dólares en casi quince días y que, de prolongarse por un mes, ralentizará significativamente la economía, lo que requerirá subsidios y recortes presupuestarios adicionales. A pesar de la dicotomía entre seguridad nacional y costos económicos, se espera que las conversaciones continúen para encontrar un equilibrio adecuado.
