Dajabón, República Dominicana – En una sesión judicial que mantuvo a la comunidad de Barrera, en Aminilla, en vilo, el juez del tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Dajabón anunció el aplazamiento de la audiencia de solicitud de medidas de coerción contra seis individuos vinculados al horrendo cuádruple crimen que conmocionó a la región la madrugada del pasado lunes.
La vista, originalmente programada para hoy, se ha reprogramado para el próximo lunes a las dos de la tarde debido a una circunstancia inusual: los imputados, en un giro sorprendente, se presentaron ante la corte sin representación legal. Esta situación ha desconcertado a los observadores legales y ha levantado interrogantes sobre la estrategia de defensa que adoptarán en el proceso venidero.
Los individuos acusados de este cuádruple homicidio son el dominicano Adonis José Morillo, de 24 años, y Pacheco Beltrán, de 53 años, junto con los ciudadanos haitianos Maxos Olus, Frandy Luimenez, Hebinice Jiken y Wilis Yan. Los hechos de sangre habrían involucrado a otras tres personas, quienes perdieron la vida en supuestos enfrentamientos armados con agentes de la Policía Nacional.
El grupo enfrenta graves acusaciones por su presunta participación en los asesinatos a tiros de Ramón Eugenio Medina Hernández (conocido como «Papito»), Carmelina Antonia Cabreja Ramos, Cristopher Daniel Medina Cabreja y Charlo Veloz Quesada. Además, Cristhian de Jesús López Cabreja resultó gravemente herido durante el incidente.
El Ministerio Público ha solicitado una pena de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso contra estos individuos. Según las autoridades, se presume que el cuádruple crimen se cometió en el contexto de un atraco violento en el que los delincuentes sustrajeron varios objetos de valor, incluyendo una escopeta de calibre 12 y siete teléfonos celulares, entre ellos cinco modelos iPhone, además de una suma de aproximadamente ochenta mil pesos (RD$80,000.00) y otros artículos pertenecientes a las víctimas.
Según la solicitud presentada por el Ministerio Público, los procesados formaban parte de una banda delictiva especializada en ubicar propiedades rurales, residencias y negocios para perpetrar robos y asaltos, portando armas de fuego y armas de fabricación artesanal, conocidas como «chilenas» o «chagones». Se ha vinculado a esta banda con otros actos delictivos cometidos en Cotuí, La Vega, Bonao, Santiago y Dajabón, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones en su contra.
