La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) llamó al Congreso Nacional a priorizar la reforma del Código Procesal Penal (CPP), tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional, por vicios de forma, la Ley 10-15. Aunque los efectos de dicha sentencia fueron suspendidos por un año, la entidad advierte que el plazo se agota y, de no corregirse, podría generarse un caos jurídico que comprometería la seguridad jurídica y los derechos fundamentales en el país.
Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, explicó que la decisión del Tribunal no afecta el fondo de la ley, sino el procedimiento seguido en su aprobación, al no respetarse el principio de deliberación bicameral previsto por la Constitución. Señaló que, de no legislarse correctamente, habría retrocesos graves en el sistema de justicia penal, incluyendo restricciones a medidas de protección para víctimas y testigos, así como complicaciones operativas para el Ministerio Público.
Finjus considera que este momento representa una oportunidad para fortalecer el CPP, corrigiendo deficiencias y clarificando puntos críticos como el cómputo de plazos en casos complejos. Además, aboga por una actuación institucional coherente con los principios constitucionales, y exhorta tanto al Congreso como a la sociedad civil a participar activamente en el proceso, en aras de preservar la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica nacional.
