El expresidente Donald Trump enfrenta fuertes críticas por desplegar 2,000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom. Esta acción, motivada supuestamente por protestas vinculadas a redadas migratorias, representa la primera vez en seis décadas que un mandatario estadounidense ordena un despliegue militar estatal sin autorización local. Funcionarios locales aseguran que las manifestaciones estaban controladas y mayormente pacíficas, por lo que consideran la medida como innecesaria y provocadora.
Tanto defensores de derechos civiles como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han denunciado la presencia militar como una «escalada caótica» que genera temor en la comunidad. La organización ACLU evalúa llevar el caso a los tribunales, alegando que la decisión viola principios democráticos al usar fuerzas militares contra civiles sin justificación. Los soldados se encuentran vigilando el complejo federal donde funciona un centro de detención migratoria, que fue blanco de grafitis contra el ICE.
El despliegue ha encendido un nuevo conflicto entre el Gobierno federal y autoridades estatales de California. Las amenazas de arresto emitidas por Tom Homan, figura clave en las políticas migratorias de Trump, han sido vistas como parte de una estrategia para desestabilizar al estado y crear un espectáculo mediático. Expertos y organizaciones civiles insisten en que esta acción vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la convivencia democrática en una de las ciudades más pobladas del país.
