En sus primeros 100 días del segundo mandato, Donald Trump ha desatado una ola de preocupaciones sobre el respeto al Estado de derecho en Estados Unidos. Su administración ha ignorado decisiones judiciales, como la prohibición de expulsar inmigrantes a El Salvador, lo que ha llevado a un juez federal a hablar de “desacato al tribunal”. Además, ha impulsado medidas polémicas como revocar la ciudadanía por nacimiento, atacar a jueces y sancionar a firmas de abogados vinculadas a sus opositores, lo que ha sido catalogado como un posible esquema de terrorismo de Estado por analistas y expertos jurídicos.
La Corte Suprema, con mayoría conservadora, se prepara para revisar si los tribunales pueden bloquear de forma nacional políticas del Ejecutivo, mientras figuras como la jueza Sonia Sotomayor advierten del peligro de detenciones y deportaciones arbitrarias, incluso de ciudadanos estadounidenses. Trump, por su parte, acusa a los jueces de izquierda de sabotear su gestión, lo que agudiza la tensión entre poderes y plantea dudas sobre el equilibrio institucional del país.
Durante una reciente visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele, Trump insinuó la posibilidad de enviar incluso a ciudadanos estadounidenses a prisiones extranjeras, una idea rechazada por expertos como inconstitucional. La presión a bufetes de abogados mediante restricciones y rescisión de contratos públicos refuerza la percepción de un intento de amedrentar a sectores clave de la sociedad civil, llevando al país, según analistas, a un punto crítico en su democracia.
