Ante la presión de empresarios agrícolas y hoteleros, el presidente Donald Trump anunció que flexibilizará su política migratoria para permitir que ciertos migrantes indocumentados puedan salir voluntariamente de Estados Unidos y luego retornar legalmente como trabajadores. Aunque reiteró su intención de ejecutar una “gran operación de autodeportación”, afirmó que aquellos recomendados por empleadores podrían ser reintegrados temporalmente como mano de obra legal. Esta medida busca evitar la escasez de trabajadores en sectores clave como la agricultura, donde más del 40% de los trabajadores son migrantes sin estatus legal.
Sin embargo, el gobierno estadounidense mantiene su postura firme sobre las expulsiones. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, aseguró que unas 20 millones de personas deberán salir del país, y que ya miles han optado por autodeportarse. Algunos países latinoamericanos, como México, Colombia y El Salvador, estarían preparando programas de apoyo para los repatriados, con miras a facilitar su reinserción y posible retorno futuro bajo vías legales.
Además de la crisis migratoria, Trump elevó la tensión con México al exigirle el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, acusándolo de «robar» agua a los agricultores texanos. El mandatario amenazó con imponer aranceles y sanciones si México no entrega el volumen de agua pactado, lo que suma otro conflicto a la ya delicada relación bilateral.
