Desde su llegada a Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, en 2006, la minera Barrick Pueblo Viejo ha sido el epicentro de numerosos conflictos sociales, laborales y ambientales. Las comunidades locales han alzado su voz en repetidas ocasiones para denunciar contaminación, exigir mejores condiciones laborales y rechazar proyectos como la instalación de una presa de almacenamiento de relaves en El Naranjo. Estos reclamos han dado lugar a manifestaciones, enfrentamientos y llamados de atención por parte de sectores de la sociedad civil.
Uno de los eventos recientes ocurrió el 9 de enero, cuando un enfrentamiento entre comunitarios y la minera dejó al sacerdote Johnny herido, lo que provocó la condena de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Mientras los moradores denuncian desalojos forzosos, la empresa asegura que un pequeño grupo bloqueó carreteras de manera ilegal. Este episodio se suma a una larga historia de tensiones, incluidas las protestas laborales de 2010 y los reclamos ambientales de 2021 por la cuenca del río Ozama.
A pesar de estos conflictos, la Barrick Pueblo Viejo ha generado ingresos significativos para el Estado dominicano, con aportes tributarios superiores a los RD$149,000 millones en los últimos 11 años. Sin embargo, el balance entre los beneficios económicos y las demandas sociales sigue siendo un punto de debate en la región.
