El fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente, ha causado un aumento alarmante en las muertes por sobredosis en Estados Unidos, superando incluso a los decesos por violencia armada y accidentes de tránsito. Esta crisis, marcada por el impacto en comunidades vulnerables y el rol de farmacéuticas, afecta a más de 100,000 personas cada año. Voluntarios comunitarios, como el exadicto Daniel Gorski, intentan contrarrestar la epidemia con recursos limitados, distribuyendo medicamentos como Narcan para revertir las sobredosis y brindando apoyo a los afectados.
En 2016, tras restricciones a opioides recetados, el fentanilo inundó el mercado negro, impulsado por carteles mexicanos que reconocieron su alta rentabilidad y facilidad para traficar. La facilidad con la que esta droga llega a los consumidores, tanto en pastillas falsificadas como en otras presentaciones, aumenta el riesgo de intoxicación letal, especialmente entre jóvenes. La adicción se ha convertido en un fenómeno racialmente dispar, afectando desproporcionadamente a minorías y comunidades pobres que tienen menos acceso a tratamientos de salud y rehabilitación.
A pesar de los efectos devastadores de esta crisis, el tema se mantiene fuera de la agenda política en las campañas presidenciales de Estados Unidos. Activistas y expertos insisten en la necesidad de un plan de acción nacional que reemplace el modelo de seguro privado por un sistema universal, enfocado en ofrecer servicios de salud accesibles. La magnitud de la crisis demanda una intervención decisiva, pero hasta ahora, la atención política se concentra en respuestas represivas y en políticas fronterizas, sin abordar de fondo el problema de salud pública que supone la adicción al fentanilo.
