En el undécimo aniversario de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, un grupo de descendientes de haitianos protestó frente al Palacio Nacional, exigiendo el fin de la desnacionalización y alegando discriminación. La sentencia de 2013 estableció que la nacionalidad dominicana no se adquiere solo por nacer en el territorio, sino que se basa en el derecho de sangre (ius sanguinis).
El caso de Juliana Deguis Pierre, que originó la sentencia, ejemplificó la problemática. En respuesta, se promulgó la Ley 169-14, que otorgó la nacionalidad a quienes fueron inscritos irregularmente en el registro civil. Sin embargo, aquellos que no cumplían con los requisitos debían someterse a un proceso de regularización migratoria.
Mientras tanto, persisten las preocupaciones en la sociedad dominicana sobre la creciente migración haitiana. A pesar de las continuas deportaciones anunciadas por las autoridades, se reporta que en 2023 se emitieron más de 27,000 visas en consulados dominicanos en Haití, y en lo que va de 2024, más de 400,000.
