La construcción de la presa de Monte Grande, originalmente concebida para impulsar el desarrollo agrícola de la región suroeste, ha dejado a 560 familias de Azua y Barahona en una situación desesperante. Aunque estas familias cedieron sus tierras para el embalse con la promesa de ser reubicadas y recibir apoyo para comenzar una nueva vida, solo 390 de ellas han sido trasladadas a nuevas viviendas, pero sin acceso a tierras cultivables. A pesar de vivir en casas adecuadas, carecen de medios para ganarse la vida, lo que ha generado desconfianza hacia las autoridades. Líderes comunitarios denuncian que los acuerdos firmados no han sido cumplidos, afectando severamente a estas comunidades que continúan esperando soluciones. Organizaciones locales critican la falta de acción del Gobierno, especialmente en la habilitación de tierras y la construcción de canales de riego, fundamentales para la producción agrícola.
