
El Tribunal Constitucional ha instado al Congreso Nacional a aprobar las leyes pendientes derivadas de los artículos 203, 210 y 272 de la Constitución dominicana de 2010, las cuales han estado estancadas durante más de una década. Estas leyes se relacionan con mecanismos directos de participación local, como el plebiscito y el referendo aprobatorio.
Los legisladores han recibido positivamente este llamado, reconociendo que la falta de estas leyes es una deuda del Poder Legislativo con la sociedad dominicana. Luis Henríquez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), atribuye este retraso a la falta de interés de algunos legisladores en cumplir con el mandato constitucional. Además, señaló que el Poder Ejecutivo también ha mostrado poca prioridad hacia estos proyectos de ley, enfocándose más en otras iniciativas y solicitudes de préstamos.
Tobías Crespo, portavoz de la bancada de la Fuerza del Pueblo (FP), enfatizó la necesidad de que las sesiones del Congreso se centren en la aprobación de estas leyes, considerando que es una prioridad adaptar y modificar las normativas según lo instruido por la Constitución.
Julito Fulcar, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sugirió que el Congreso debería formar una comisión especial de juristas para trabajar intensivamente en la aprobación de estas leyes, lo cual fortalecería el marco constitucional del país.
La sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 20 de enero de 2021, declara la inconstitucionalidad por omisión legislativa respecto a la emisión de estas leyes fundamentales para el funcionamiento democrático de la nación. Esta sentencia es vinculante e inapelable para el Congreso, un órgano que aprobó la propia Constitución que ahora no ha cumplido.
El incumplimiento de estas disposiciones no solo es inexplicable sino que también constituye un mal ejemplo para el Estado de derecho en el país. El editorial de un reconocido medio calificó este retraso como inaceptable y subrayó la necesidad de que el Congreso rectifique su curso y cumpla con las disposiciones constitucionales sin más demora.
Entre las leyes pendientes se encuentran las relacionadas con el referendo y el plebiscito, esenciales para fortalecer la democracia participativa en la República Dominicana.