La polémica en torno a la Ley 1-24 que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha llevado a la presentación de cuatro acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Las entidades que han presentado estas acciones argumentan que varios artículos de la ley, incluyendo los números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 y 29, son contrarios a la Constitución de la República Dominicana.
Las críticas se centran en diversos aspectos de la ley. Por ejemplo, el artículo 8, que establece la creación de la DNI bajo la dependencia del Presidente de la República, ha sido señalado como un riesgo para la democracia al atribuir poderes significativos al presidente. Asimismo, el artículo 11, que permite a la DNI solicitar información a instituciones públicas y privadas sin orden judicial, es cuestionado por vulnerar derechos a la intimidad y privacidad de los ciudadanos.
Otros puntos de discordia incluyen el artículo 26, que sanciona con prisión y multa a quien oculte información requerida por la DNI, siendo criticado por violar el derecho a la libertad de expresión e información. Además, los artículos 12, 13, 21, 22, 27 y 29 también son calificados como inconstitucionales, aunque no se han proporcionado detalles específicos.
Diversas entidades, entre ellas Guzmán & Guzmán Abogados, el partido Generación de Servidores (Gens), Aybar Guzmán & Asociados, el Instituto de Capacitación y Formación Política, Jurídica y Social (Icap), Acción Cristiana, Juventud con una Misión (Jucum), RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, Fumeji, Mayobanex Pepín, Mercedes Núñez y Carmen Orozco Martínez, han presentado estas acciones, destacando su preocupación por la posible violación de derechos y principios constitucionales.
